La motosierra libertaria avanza sin freno y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), no está exento.
En 2025 quedaron sin ejecutar casi 49 mil millones de pesos que el propio organismo había recaudado para su funcionamiento. Algo similar a lo que ocurre con el INTA. En ambos casos, el gobierno de Milei, ante la imposibilidad de reducirlos por la via legislativa o judicial, recurrió, una vez más, a ajustar y dejar que los organismos queden flotando en la nada.
En detalle: de los 286.915 millones de pesos recaudados entre tasas, aranceles y por derechos vinculados al comercio exterior, quedaron 48.600 millones de pesos si ejecutar y el monto terminó absorbido por Rentas Generales del Tesoro Nacional.
En concreto, el gobierno libertario está destruyendo la autonomía del SENASA.
Cabe remarcar que el Senasa no depende exclusivamente de una transferencia discrecional del Estado, también se financia con los pagos que realizan productores, frigoríficos, exportadores y distintos eslabones de la cadena agroindustrial cada vez que requieren certificaciones o habilitaciones sanitarias. Esa autarquía financiera es uno de los pilares para sostener una red técnica compleja en todo el país, función estratégica para el comercio agroalimentario argentino.
Exfuncionarios del organismo adviertieron que la restricción en la liberación de esos recursos podría comprometer progresivamente la capacidad de respuesta sanitaria de un ente que cumple un papel central en la prevención de enfermedades animales y vegetales, en la fiscalización de alimentos y en la certificación que exigen los mercados internacionales.
El superávit fiscal no es un logro, es la destrucción de la matriz productiva, de los derechos laborales; de los derechos a la salud, a la educación, a la ciencia, a la alimentación. El superávit fiscal basado en la destrucción, en la recesión, en el industricidio y el hambre, es un genocidio.
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