NO ES EL CELULAR. NO SON LAS PANTALLAS. ES LA SOLEDAD. Y EL ESTADO QUE CASTIGA EN LUGAR DE CUIDAR.
Por Gabriela Dueñas / Doctora en Psicología, Lic. en Educación, Psicopedagoga
EL MALESTAR QUE NO ES UN “TRASTORNO
No es ruido. No es “falta de límites”. No es adicción. El sufrimiento de chicas y chicos hoy tiene la textura de una intemperie silenciosa.
No es un trastorno individual. Es un malestar colectivo. Y por eso, politizarlo no es negarlo: es negarse a que quede encerrado en un consultorio.
Hay adultos que miran pantallas mientras los adolescentes se caen por dentro.
Escuelas que ya no pueden contener porque ellas mismas están siendo desmanteladas. Y un clima de época cruel, expulsivo, indiferente a la fragilidad.
En la Argentina del ajuste, esa crueldad se encarna en políticas que recortan salud mental, vacían la escuela y naturalizan que un niño muera golpeado por su madre en Comodoro Rivadavia o que una adolescente sea empujada al suicidio tras una exposición viral.
Frente a cada tragedia, la opinión pública exige respuestas rápidas: “prohibamos los celulares”, “es culpa de los videojuegos”, “los padres no educan”. El problema es que estas lecturas, aunque comprensibles, repiten la misma lógica lineal que la epidemiología crítica ha mostrado como insuficiente y hasta peligrosa.
La pregunta no es si las redes hacen mal. La pregunta es: ¿qué clase de sociedad deja a sus niñas/os y adolescentes tan terriblemente solos?
LA TRAMPA DE LA MIRADA LINEAL
Luego del asesinato de un adolescente en San Cristóbal (Santa Fe), y en estos días del suicidio de una jovencita de 14 años en Merlo, el debate se polarizó entre quienes piden “regular las redes” y quienes defienden el “derecho a la tecnología”. Ambas posiciones comparten el mismo error: reducir el problema a una relación causal directa entre pantallas y violencia.
No se trata de eso. Un adolescente que tiene adultos presentes, una escuela que le ofrece proyectos significativos y un barrio con espacios seguros puede jugar horas sin caer en conductas destructivas. Otro que está solo, que no tiene a quién contarle su día, que encuentra en el juego el único lugar donde es reconocido, puede hundirse. El objeto tecnológico es el mismo. Lo que cambia es el entramado social de sostén.
NO ES EL CELULAR EL QUE MATA. ES LA SOLEDAD. LA ULTRADERECHA COMO FÁBRICA DE SUBJETIVIDADES DESECHABLES.
El filósofo Byung-Chul Han describe el pasaje de una sociedad que producía sujetos obedientes a una sociedad del rendimiento que produce sujetos agotados, autoexplotados, sin un sí mismo estable. Hoy esa lógica se ha endurecido hasta volverse cruel: el que no produce es expulsado, el fracaso no da derecho a compasión.
En la Argentina, este clima se agrava con el ajuste: cierre de dispositivos comunitarios de salud mental, escuelas sin recursos, disolución de organismos de protección de infancias. No es un “mal menor” para equilibrar cuentas. Es una decisión política.
El resultado está a la vista: el suicidio adolescente aumentó un 34% en los últimos años, según el Ministerio de Salud. Violencia intrafamiliar que colapsa las guardias. Episodios escolares que ya no sorprenden. No es casualidad.
LAS DOS LEYES QUE PROFUNDIZAN LA CRUELDAD
En los primeros meses de 2026, el gobierno argentino impulsó dos reformas que, leídas en conjunto, configuran un verdadero dispositivo de expulsión y criminalización de la vulnerabilidad.
1. Baja de la edad de imputabilidad a los 14 años (Ley 27.801)
La nueva ley reduce de 16 a 14 años la edad desde la cual un adolescente puede ser imputado penalmente, con penas de hasta 15 años de prisión. El eslogan oficial es “el que las hace, las paga”.
Pero los datos cuentan otra historia. Argentina ya tiene una de las tasas más bajas de delitos cometidos por adolescentes de la región: 32 cada 10.000, frente a un promedio regional de 78, según UNICEF. Y el 87% de las causas son por delitos contra la propiedad (hurto, robo sin armas), no por delitos violentos.
La jueza penal de menores Roxana Monti es contundente: sin presupuesto para equipos de contención, sin escuelas, sin dispositivos de abordaje del consumo, esta ley “solo significará que a mi escritorio lleguen más expedientes”. Los chicos que llegan a la justicia son mayoritariamente varones pobres, sin escolaridad, con consumos de cocaína y pasta base.
La ley no crea una sola escuela, no financia un solo equipo de salud mental comunitario. Destina 23.700 millones de pesos a infraestructura carcelaria para adolescentes. Cero a dispositivos alternativos.
2. LA CONTRARREFORMA SILENCIOSA DE LA LEY DE SALUD MENTAL
Aún más grave, por su carácter menos visible, es la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Aprobada en 2010 con un enfoque de derechos, esta ley fue un hito en la región: establecía que las internaciones involuntarias debían ser excepcionales, controladas judicialmente y preferentemente evitadas.
El gobierno actual impulsó una reforma que habilita a los jueces a autorizar hospitalizaciones psiquiátricas forzadas, sin pasar por los equipos interdisciplinarios que la ley exigía. Además, el Ministerio de Salud dictó una resolución que deroga las normas mínimas de calidad para los dispositivos de internación (equipos interdisciplinarios, plazos máximos de 90 días, controles judiciales cada 15 días).
El resultado es aterrador: un adolescente con consumo problemático puede ser hoy imputado penalmente por un delito menor e internado en un dispositivo psiquiátrico sin estándares de calidad. La mano dura penal y la flexibilización manicomial se retroalimentan: producen un circuito de encierro que va de la comisaría al hospital psiquiátrico y de allí a la cárcel.
CUANDO EL ESTADO CASTIGA LO QUE NO SUPO CUIDAR
Lo que estas dos reformas tienen en común es la misma lógica: criminalización y encierro como sucedáneos de la ausencia de políticas de cuidado. El Estado que desinvirtió en salud mental comunitaria, que dejó caer la escuela pública, que no construyó centros de día, ahora se presenta como garante del orden mediante la cárcel y el manicomio.
La frase “delito de adulto, pena de adulto” esconde una trampa ética: justamente porque un adolescente no es un adulto -por su madurez inconclusa, su inserción social precaria, su inexperiencia- la respuesta no puede ser la misma. La respuesta debería ser más Estado, más comunidad, más cuidado. Pero eso cuesta. Encerrar también cuesta, pero rinde políticamente.
No se trata de elegir entre “mano dura” y “permisividad”. Se trata de reconocer que la pregunta por el delito adolescente es siempre, ante todo, la pregunta por el cuidado fallido.
MÁS ALLÁ DE LA PATOLOGIZACIÓN
Cuando un adolescente se corta los brazos, no tiene un “trastorno de regulación emocional”. Tiene un cuerpo que está diciendo algo que las palabras no pueden decir. Cuando una chica deja de comer, no tiene “anorexia nerviosa”. Tiene un grito atrapado en la garganta frente a un mundo que le exige ser perfecta, invisible en sus necesidades.
La salud mental comunitaria propone un movimiento inverso: despatologizar para politizar. No porque el sufrimiento no sea real -lo es, y duele, y mata- sino porque la patologización individual es la forma más eficaz de despolitizar el malestar. Si es un “trastorno”, la solución es clínica, individual, farmacológica. Si es un fenómeno socialmente determinado, la solución es colectiva, institucional, política.
LO QUE HACE FALTA (Y LO QUE SOBRA)
Una política de cuidado de infancias y adolescencias verdaderamente efectiva requiere:
1. Inversión sostenida en salud mental comunitaria: equipos en territorio, dispositivos de escucha en escuelas y barrios, hospitales de día, líneas de atención accesibles.
2. Fortalecimiento de la escuela pública: no solo en infraestructura y salarios, sino como espacio de construcción de vínculo, de elaboración del conflicto, de producción de sentido.
3. Formación y apoyo de adultos acompañantes: docentes, padres, referentes barriales, en herramientas de escucha activa y abordaje comunitario.
4. Regulación de la economía digital de la atención: no desde la prohibición ingenua, sino desde la comprensión de que los algoritmos no son neutrales y el Estado tiene la obligación de proteger a las infancias de esa explotación cognitiva y emocional.
5. Derogación de la Ley 27.801 y restitución de la Ley 26.657: o, al menos, una moratoria inmediata a su aplicación hasta que se garantice presupuesto, equipos interdisciplinarios y enfoque comunitario.
CONCLUSIÓN: OTRA RESPUESTA ES POSIBLE
Los casos de Comodoro Rivadavia, Merlo y San Cristóbal no son tragedias aisladas. Son síntomas de un sistema que ha decidido que las infancias y adolescencias no importan lo suficiente. Mientras sigamos respondiendo con medidas lineales a problemas estructurales, mientras busquemos culpables individuales en lugar de transformar procesos sociales, mientras patologicemos el malestar en lugar de politizarlo, los cuerpos seguirán cayendo.
La pregunta no es si los videojuegos o las redes son buenos o malos. La pregunta es: ¿qué clase de sociedad deja a sus niños y adolescentes terriblemente solos, y luego, frente a esa soledad, responde con cárcel y manicomio en lugar de con escuela, comunidad y cuidado?
Frente a eso, la salud mental comunitaria propone una resistencia: volver a juntar lo que el sistema separa. El cuerpo y la política. El adolescente y la comunidad. La escuela y el barrio. El dolor y la posibilidad de otro mundo.
Porque otro mundo es posible. Y también es urgente.
NOTA:
Este artículo es una versión acotada del ensayo original de mi autoría “A la deriva en el vértigo. Sufrimiento adolescente, redes y crueldad sistémica en la Argentina del ajuste”, basado en análisis normativo de leyes y resoluciones (Ley 27.801, Ley 26.657, Res. 441/2026), informes epidemiológicos (Ministerio de Salud, UNICEF) y fuentes periodísticas y parlamentarias.
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