MILEI PULVERIZA EL GASTO EN DEFENSA

Escribe  Gabriel Sued

Si nos guiáramos por los discursos y anuncios de Javier Milei, podríamos concluir que el ajuste feroz que aplicó en el Estado no alcanzó a las Fuerzas Armadas, a las que no se cansa de reivindicar con gestos y palabras amables. Pero la realidad muestra exactamente lo contrario. El gasto militar en la Argentina atraviesa su piso histórico, el Gobierno desactivó un programa permanente de reequipamiento de las fuerzas y los uniformados cobran salarios de miseria, lo que hizo que más de 19.000 militares dejaran sus puestos en los últimos dos años.

El ajuste, que deja a la Argentina en una situación de virtual indefensión, se produce mientras el presidente involucra al país en conflictos armados ajenos, como la guerra en Irán, sin someter la decisión al Congreso.

La contradicción de Milei quedó expuesta una vez más en el anuncio que hizo el lunes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un intento desesperado por correr del centro de atención el escándalo de corrupción que lo involucra y que amenaza con liquidar la escasa sustentabilidad política que le queda al programa económico.

Con la publicación del decreto 314/2026, Milei puso en vigor el plan ARMA (Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino), por el que dispuso que el 10% de lo recaudado por las privatizaciones y la venta de terrenos del Estado se destinará al reequipamiento y modernización de Sistema de Defensa Nacional.

En los fundamentos del decreto se explica que “el escenario internacional contemporáneo, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”.

Lo que no dice Milei es que en el presupuesto de 2026 se eliminó el financiamiento del Fondef (Fondo Nacional de Defensa), un programa creado en 2020 que garantizaba la asignación anual del 0,8% de los gastos corrientes del Estado al reequipamiento militar. “Lo reemplazan por un plan que se financia por única vez, por un monto que no se sabe bien cuál va a ser. Esto impide planificar”, dijo a El Destape el exministro de Defensa Agustín Rossi, promotor del Fondef.

Pese a la vigencia del Fondef hasta diciembre pasado y a la promocionada compra de 24 aviones usados F16, en los dos primeros años de Milei el recorte del gasto militar fue récord. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), la ONG internacional más prestigiosa en el seguimiento de datos militares, acaba de publicar su último relevamiento anual, correspondiente a 2025. El estudio muestra que el gasto en Defensa de la Argentina fue el más bajo de la región y de los más bajos del mundo.

Mientras que el promedio mundial es del 2,5% del PBI, en la Argentina alcanzó el 0,56%. En el mismo año, Colombia destinó 3,2% de su PBI; Uruguay, 2,28%; Ecuador, 2,1%; Chile, 1,52%; Bolivia, 1,21%; Brasil, 1,05%, Paraguay, 0,88%, y Perú, 0,81%. El porcentaje de la Argentina, que cierra el ránking en América del Sur, viene cayendo de manera sistemática desde 2010, cuando alcanzaba el 0,75%. pero nunca había caído a un nivel tan bajo como en 2025, detalló el portal Zona Militar.

El contraste entre los datos y el discurso de Milei no podría ser más grande. Esto decía el 20 de junio del año pasado, en la celebración por el Día de la Bandera: “Durante años la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en defensa bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional. La política desatendió las necesidades del país ante las nuevas amenazas que surgían a nivel global.”

Los datos presupuestarios del Ministerio de Defensa también son lapidarios. Entre 2023 y 2026, Milei ajustó un 34,5% en términos reales los fondos para la cartera que hoy dirige el teniente general Carlos Presti. Pasó de $8.700.000 millones a $5.700.000 millones, a valores de 2026, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).