La declaración judicial de la quiebra de Algodonera Avellaneda S.A. —firma vinculada al grupo Vicentin, con base en Reconquista— marcó uno de los capítulos más críticos para el entramado industrial del norte de la provincia de Santa Fe. Con un pasivo multimillonario y el fracaso del proceso de salvataje, la medida judicial dejó en absoluta vulnerabilidad a unas 350 familias cuyos puestos de trabajo dependen directamente de la continuidad de la planta.
Detrás de los expedientes judiciales, los números en rojo y las negociaciones caídas con acreedores de peso como el Banco Nación, se encuentran las vivencias cotidianas de quienes pasaron décadas dedicados al funcionamiento de la compañía.
Tres décadas de labor y una salida marcada por el abandono
Entre los testimonios que reflejan el drama humano detrás de este colapso corporativo se destaca el de Eberardo Pascualón, un operario con una trayectoria de 30 años de antigüedad en la empresa, donde se desempeñó en el área del laboratorio de control de calidad e incluso llegó a ocupar roles de jefatura.
Pascualón, de 51 años, representa a ese sector de empleados que quedó fuera de la dinámica formal de la planta antes del desenlace judicial final. Su relato expone la crudeza de una transición sin respuestas institucionales: tras quedar desvinculado, acumula largos meses sin percibir salarios ni contar con cobertura de obra social.
Para subsistir en el día a día, el operario debió recurrir a changas ocasionales, a la venta mensual de pollos a la parrilla y a la contención económica brindada por su propia familia, una postal repetida que ilustra la realidad de decenas de exempleados afectados por el vaciamiento y la falta de pagos regulares.
Un conflicto estructural sin compradores a la vista
La crisis de la algodonera se precipitó luego de que venciera el plazo de registro para interesados en el procedimiento de salvataje (cramdown) sin que se presentaran empresas, acreedores ni cooperativas dispuestas a asumir el riesgo financiero de la firma. La acumulación de deudas posconcursales —que superan los 6.800 millones de pesos en servicios, impuestos y obligaciones laborales acumuladas entre 2025 y 2026— terminó por asfixiar el funcionamiento cotidiano.
Si bien la planta de Reconquista venía operando de manera parcial (alrededor del 60% de su capacidad) mediante trabajos a fasón para procesar materiales de terceros, la resolución judicial que decretó la quiebra indirecta incrementó la tensión social en la región.
Una transición bajo la lupa
Por estos días, los esfuerzos judiciales se concentran en evaluar una continuidad transitoria de la producción. La sindicatura tiene la responsabilidad de presentar un esquema operativo que contemple el personal verdaderamente indispensable y los mecanismos de control de fondos, en medio de un escenario donde los trabajadores exigen garantías para preservar sus fuentes laborales y evitar la liquidación definitiva de los activos que sostienen la historia productiva de la región.
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