Por Gabriela Dueñas: Dra. en Psicología / Lic. en Educación / Psicopedagoga – Premio KONEX Psicología 2026
El Ministerio de Salud acaba de lanzar el Plan Nacional para el Trastorno del Espectro Autista. Promete diagnósticos estandarizados, tratamientos garantizados, cobertura federal. Suena a que el Estado finalmente se hace cargo. Pero el plan tiene un problema de origen. Se construye sobre un concepto que, según su propia creadora, ya no sirve.
Uta Frith, la psicóloga británica que acuñó la idea de “Espectro Autista”, dijo hace pocos días que esa noción “colapsó” y “perdió todo sentido”. Si quien puso la piedra fundamental del edificio dice que los cimientos se agrietaron, ¿por qué el Gobierno argentino insiste en levantar un plan nacional sobre esa misma base? La respuesta no es científica. Es política.
Hay un mecanismo perverso que el Plan no menciona pero que es su condición de posibilidad: el Certificado Único de Discapacidad. Para acceder a una escuela inclusiva, a un acompañante terapéutico, a las terapias que el plan promete garantizar, las familias deben demostrar que el sufrimiento de su hijo es lo suficientemente “grave”. La norma exige acreditar un “grado grave a completo” de limitaciones.
Traduzcamos: para tener derechos, hay que declarar a un niño, en un papel, como una persona con discapacidad severa. Se le exige, en pleno proceso de formación de su identidad, ser rotulado como “trastornado mental” para poder ser reconocido como sujeto de derecho. Esa no es una política de protección. Es una extorsión burocrática. Y contradice flagrantemente la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos y la Ley de Salud Mental 26.657, que prohíben la discriminación basada en diagnósticos. Pero el Estado, en lugar de hacer cumplir esas leyes, ha instalado un sistema que obliga a las familias a patologizar a sus hijos para obtener lo que ya les corresponde por derecho.
Un diagnóstico no es una descripción neutral. Es un acto que produce efectos en quien lo recibe. La sociología lo llama “profecía autocumplida”: cuando alguien es definido de una cierta manera, termina comportándose de acuerdo con esa definición. Un niño que escucha una y otra vez que tiene TEA, que su cerebro es diferente, que necesita ser “reprogramado”, comienza a verse a sí mismo a través de ese lente. La escuela, en lugar de desafiarlo, adapta la enseñanza hacia abajo. El diagnóstico así se convierte en un techo, no en un punto de partida.
Hay una contradicción que los defensores del modelo médico prefieren no ver. Las neurociencias demostraron que el cerebro es plástico, que la experiencia moldea su arquitectura. La epigenética prueba que los genes no son un destino. Si el entorno modifica el cerebro, ¿por qué la clínica dominante se comporta como si el niño fuera una máquina defectuosa de fábrica? La respuesta es incómoda: postular un “trastorno innato” exime al entorno de toda responsabilidad. El problema se privatiza en el cuerpo del niño. El mercado farmacéutico, feliz.
El TEA se ha convertido en una categoría tan amplia que ya no significa casi nada. Bajo su paraguas conviven niños con encefalopatías genéticas, adolescentes que dejan de hablar tras un abuso, jóvenes que no encuentran su lugar en una escuela expulsiva, chicos que pasan ocho horas diarias frente a una pantalla. ¿Qué tienen en común? Nada. Salvo que todas han sido capturadas bajo la misma sigla. Esa operación no es un avance científico. Es violencia epistémica. Porque cuando convertimos el hambre en espectro, la ausencia del padre en espectro, la soledad digital en espectro, estamos diciéndole a una familia que no necesita revisar nada de su historia, que el problema es exclusivamente del niño.
El Plan Nacional del TEA corre el riesgo de ser una máquina de etiquetar si no se confronta con una pregunta más radical: ¿cómo ofrecer apoyos sin cristalizar la diferencia en discapacidad? La respuesta pasa por un cambio de perspectiva: del déficit a la diversidad. El objetivo no es “adaptar para el estudiante con TEA”, sino diseñar el aula, la escuela, la comunidad, para la diversidad humana. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) ya marcó el camino. La discapacidad no es una condición inherente a la persona, sino el resultado de la colisión entre la diversidad funcional y un entorno rígido.
Tal vez sea hora de dejar de preguntar “¿qué tiene?” y empezar a preguntar “¿qué le pasa?”, “¿qué necesita en su casa, en su escuela, en su barrio?”. La verdadera inclusión comenzará cuando un niño pueda acceder a sus derechos sin que su subjetividad quede prisionera de un diagnóstico.
Cuando el Estado cumpla con las leyes que ya garantizan esos derechos, sin exigir un certificado que acredite su anormalidad. Porque el problema no es el TEA ni ningún otro acrónimo. El problema es un mundo adulto que ha delegado en el poder médico y en el mercado farmacéutico la tarea de nombrar su propia impotencia para albergar la diferencia.
Porque el autismo, como la vida, no se resuelve con etiquetas. Se teje en el encuentro.
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