Al menos ochocientos educadores damnificados temen por sus legajos, carreras profesionales, cuadros de puntaje y nombramientos.
Una empresa que ofreció, vendió y cobró capacitaciones destinadas a docentes de la provincia, no estaba reconocida por el Ministerio de Educación y consecuentemente sin acuerdo con la Junta Calificadora de Méritos y disciplina, perjudicó al menos a 800 docentes que habiendo cursado, sin ser advertidos de las irregularidades, hoy temen por sus legajos, horas cátedras, nombramientos y titularidades.
La afectación sobre el trabajo de docentes es compleja. Además de representar una situación grave.
Los docentes afectados, que actuaron bajo el principio de buena fe y confianza legítima, adquirieron capacitaciones de una oferente que se presentaba con aparentes convenios institucionales y que, incluso, contaba con recomendaciones de personas vinculadas al ámbito educativo. Los docentes fueron engañados por una red que simulaba validez académica.
Ante el conocimiento de la irregularidad, los afectados han iniciado de manera espontánea denuncias penales por estafa y presentaciones administrativas.
Los docentes no buscaron vulnerar el sistema, sino que fueron usuarios de un servicio que resultó ser fraudulento.
Es importante destacar que estas mismas capacitaciones fueron, en una primera instancia, aceptadas y computadas por la propia Junta, lo que reforzó la convicción de su legalidad.
Se ha observado con preocupación que se están evaluando sanciones, e incluso se ha efectivizado alguna de ellas, sin otorgar a los Docentes el correspondiente derecho al descargo. El debido proceso es una garantía constitucional que debe respetarse en toda instancia administrativa.
Ante esta situación, el equipo legal compuesto por los Dres. Emilio Ruiz y Nilda Ferreira ha asumido la representación del grupo afectado. Los letrados trabajan en asegurar que la Junta de Calificación considere las pruebas presentadas (comprobantes, recibos y denuncias policiales) y se abstenga de aplicar sanciones automáticas sin antes permitir que cada docente explique su situación particular.
“Nuestro objetivo es que la administración educativa comprenda que estamos ante trabajadores que fueron estafados y que el hilo no debe cortarse por lo más delgado. Solicitamos que se garantice el derecho a ser escuchados y se actúe con la equidad que el caso requiere”, señalaron los representantes legales.
Los docentes instan a las autoridades a abrir un espacio de diálogo y revisión, priorizando la transparencia y la justicia para quienes dedican su vida a la enseñanza.
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