“YA NO DISIMULAN EL DESCARO CON EL QUE PRETENDEN LIBERAR A CERIMEDO; NO BASTA CON MOSTRAR DINERO EN UNA CUENTA”

Las declaraciones de ayer del fiscal que lleva la causa de enriquecimiento ilícito fueron grotescas, demostrar que Fernando Cerimedo tiene fondos en cuentas bancarias no demuestra la licitud de su origen ni acredita la internación legal de divisas al país, si es que tal internación ocurrió. Sin embargo, la precipitada declaración del fiscal, en consonancia con los argumentos de la defensa, genera serias críticas por el afán de favorecimiento tan evidente.

La investigación se originó en el allanamiento de múltiples bienes inmuebles, incluidos una casa de cambio, donde se interceptaron giros por 300.000 dólares. Del mismo inmueble también se retiraron 700.000 dólares y piezas de oro cuyo destino se desconoce, hechos por los que existen otros dos imputados. ¿Por qué se pretende despejar las sospechas exhibiendo saldos bancarios, sin esclarecer el origen de las operaciones, el destino de esos valores ni las transacciones en criptomonedas identificadas denunciadas por parlamentarios?

Que Cerimedo invoque empresas como Madero Media Group, La Derecha Diario y Academia Numen tampoco sustituye una auditoría sobre el origen real de sus ingresos. Y que parte de los fondos provenga de su socio Brad Parscale no cierra el asunto: sobre Parscale también pesan cuestionamientos por presuntas comisiones vinculadas a la venta de combustible a YPFB por parte de la empresa Futura. Precisamente, corresponde esclarecer si esos movimientos responden a operaciones legítimas o a comisiones que deben investigarse.

Mientras tanto, siguen sin respuestas las denuncias por usurpación de funciones, uso indebido de influencias y los bienes inmuebles allanados, incluida la propiedad valuada en 200.000 dólares cuya compra se atribuye a Cerimedo y que él niega como propia en el proceso por enriquecimiento ilícito, pese a que en el caso de tentativa de feminicidio, varios testigos, comenzando por el ex dueño del inmueble, sostienen que Cerimedo la compró.

El favorecimiento no se evidencia solamente en lo que el fiscal en esta causa tan irresponsablemente dice, sino también en lo que la Fiscalía en general deja de hacer, como si fuera esa la línea general de acción con respecto a Cerimedo de la nueva administración. En el proceso por tentativa de f3minicidio existen peritajes fundamentales que ni siquiera han sido requeridos, involucrados que no han sido citados nuevamente. En el caso de violencia, hace más de un mes y medio que el juez decimotercero de Instrucción no fija audiencia cautelar. Todo esto ocurre mientras se pretende instalar que la existencia de fondos bancarios basta para despejar las sospechas y abrir el camino a la liberación de Cerimedo, sin esclarecer plenamente esa ni las demás denuncias.

A ello se suma la amenaza de investigarme de su abogada para averiguar cómo obtuve información sobre presuntos hechos de narcotráfico en el Beni. En vez de responder por los hechos denunciados, se pretende intimidar a quien denuncia. La coincidencia entre el discurso de la defensa y el del fiscal, sumada a esta persecución y a la inacción frente a diligencias esenciales, evidencia tanto el intento de favorecer a Fernando Cerimedo como el de amedrentar a quienes lo denuncian.

Todo esto ocurre después de que el presidente Rodrigo Paz consiguiera la designación de su fiscal recomendado por él, en un contexto en el que se cuestiona la independencia del Ministerio Público frente a las denuncias que comprometen a Cerimedo y a su entorno.

Los audios, las operaciones y las denuncias no desaparecerán porque hoy pretendan ignorarlos. Cuando cesen las influencias políticas de esta gestión de gobierno, las responsabilidades tendrán que establecerse de todos modos. No basta con mostrar dinero en una cuenta: hay que explicar de dónde proviene, cómo ingresó al país, si se manipularon informáticamente los registros de internación de divisas y qué operaciones generaron esos fondos. También hay que explicar por qué se omiten diligencias fundamentales mientras se favorece al investigado y se amenaza a quien denuncia.

Esto no termina con las presiones de Rodrigo Paz ni de su fiscal general recomendado. Ningún poder político puede garantizar impunidad para siempre y menos con nuestro ordenamiento jurídico. Tarde o temprano, tendrá que hacerse justicia.