Amnistía Internacional elaboró un documento urgente sobre el caso Palantir en Argentina, ante la falta de información pública suficiente sobre el eventual vínculo entre el Estado argentino y la empresa estadounidense especializada en análisis masivo de datos, inteligencia artificial y tecnologías utilizadas en áreas sensibles como seguridad, inteligencia, migración y defensa.
La organización alertó que cualquier acercamiento con empresas proveedoras de tecnologías de vigilancia debe realizarse con absoluta transparencia, debate público informado y estrictas garantías de derechos humanos.
Las tecnologías de vigilancia no son neutrales. Cuando se implementan sin controles adecuados, sin transparencia y sin evaluaciones de impacto en derechos humanos, pueden convertirse en herramientas de vigilancia masiva, discriminación y persecución de voces críticas. El debate sobre Palantir no es únicamente técnico o comercial: es una discusión sobre los límites al uso de la tecnología, la protección de los datos personales y las garantías necesarias para evitar abusos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización publicó un documento con preguntas y respuestas sobre el caso Palantir en Argentina. Allí advierte que la empresa desarrolla sistemas capaces de integrar y cruzar información proveniente de múltiples bases de datos —policiales, biométricas, migratorias, financieras y de redes sociales— para generar perfiles y apoyar procesos de toma de decisiones estatales.
Amnistía Internacional recordó que existen antecedentes internacionales que generan preocupación sobre el uso de estas tecnologías. Entre ellos, mencionó el monitoreo de personas migrantes y activistas en Estados Unidos, cuestionamientos al uso de datos sensibles de salud en Reino Unido y fallos judiciales en Alemania que declararon inconstitucionales determinadas herramientas de análisis automatizado utilizadas por fuerzas policiales.
La organización también destacó que la preocupación se profundiza en el contexto argentino actual, marcado por la expansión de capacidades estatales de vigilancia, incluyendo sistemas de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales, drones y herramientas de análisis predictivo. Amnistía Internacional viene investigando este proceso y próximamente publicará un informe sobre el avance de estas tecnologías y sus impactos en derechos humanos.
En este marco, Amnistía Internacional presentó pedidos de acceso a la información pública para conocer si existieron reuniones, acuerdos, pruebas piloto, provisión de servicios o transferencias de datos entre el Gobierno argentino y Palantir Technologies. Las respuestas oficiales recibidas fueron insuficientes.
Finalmente, entre sus principales recomendaciones, Amnistía Internacional pidió:
Hacer pública toda información vinculada a reuniones, acuerdos o contrataciones con Palantir y otros proveedores de tecnologías de vigilancia.
No avanzar en acuerdos ni pruebas piloto sin transparencia plena, evaluación de impacto en derechos humanos y mecanismos de supervisión independientes.
Garantizar auditorías externas y mecanismos efectivos de habeas data.
Actualizar la legislación sobre protección de datos personales y regular específicamente el uso estatal de tecnologías de vigilancia.
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